La nueva regulación da mayor peso a las inversiones vinculadas a DOP e IGP, la seguridad alimentaria, el ahorro energético, la sostenibilidad y el empleo estable en el sector primario y agroalimentario.
El Gobierno de Canarias ha introducido cambios en las bases reguladoras de determinadas subvenciones incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027, con el objetivo de adaptar los criterios de valoración de las ayudas y orientar las inversiones hacia la modernización, la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector agroalimentario del Archipiélago.
La modificación se recoge en una Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de 2 de septiembre de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 14 de septiembre y en vigor desde el día siguiente.
La norma modifica las bases aprobadas en febrero de 2024 para distintas intervenciones de desarrollo rural financiadas en el marco del PEPAC y afecta, entre otros ámbitos, a las inversiones destinadas a la modernización de explotaciones agrarias y a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios.
Mayor reconocimiento para las DOP e IGP canarias
Una de las principales novedades afecta directamente a empresas, cooperativas, organizaciones de productores y sociedades agrarias de transformación vinculadas a figuras de calidad diferenciada.
La nueva redacción establece una valoración de seis puntos para aquellas entidades que tengan autorizado el uso del Logotipo de Región Ultraperiférica o que realicen las inversiones subvencionadas en instalaciones inscritas en una Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) reconocida por Canarias, siempre que la zona geográfica protegida se encuentre íntegramente en el Archipiélago.
La modificación resulta especialmente relevante para sectores como el vitivinícola, donde numerosas bodegas canarias se encuentran acogidas a denominaciones de origen, al favorecer que las inversiones realizadas en estas instalaciones obtengan una mejor valoración en los procedimientos competitivos de concesión de ayudas.
El propio texto normativo señala que este criterio pretende aumentar el impacto local de las subvenciones y contribuir al fortalecimiento del sector agroalimentario canario.
Más puntos para seguridad alimentaria y sostenibilidad
La nueva regulación también refuerza los proyectos destinados a mejorar la seguridad alimentaria, la eficiencia energética y el aprovechamiento de recursos.
Cuando al menos el 35 % del presupuesto solicitado corresponda a determinadas inversiones consideradas estratégicas, los solicitantes podrán obtener puntuación adicional.
Así, se conceden dos puntos para inversiones destinadas a mejorar la seguridad alimentaria o implantar sistemas de calidad voluntarios; otros dos puntos para proyectos de ahorro energético o energías alternativas; dos puntos para actuaciones relacionadas con la reutilización de residuos o aguas residuales; y la misma puntuación para la construcción o mejora de cámaras de maduración y para proyectos destinados a concentrar centros de elaboración y manipulación.
La puntuación máxima dentro de este criterio será de cuatro puntos.
Estas modificaciones pueden tener especial incidencia en bodegas, queserías, industrias transformadoras, cooperativas y otras empresas agroalimentarias que estén planificando inversiones en nuevas instalaciones, equipos, eficiencia energética, gestión de residuos o sistemas voluntarios de calidad.
Cambios en los criterios de empleo
La Orden sustituye además la expresión anteriormente utilizada de “trabajadores fijos de plantilla” por la de “trabajadores con contrato indefinido”, adaptando así las bases a la terminología laboral vigente.
También se mantienen criterios de puntuación relacionados con la creación o mantenimiento de empleo indefinido en las explotaciones agrícolas. Dependiendo del aumento de trabajadores con contrato indefinido respecto a la media de los tres años anteriores, las explotaciones pueden obtener entre uno y cinco puntos.
Asimismo, en las ayudas destinadas a inversiones en transformación y comercialización agroalimentaria, las entidades en las que al menos el 25 % de las personas trabajadoras con contrato indefinido sean mujeres podrán obtener siete puntos, siempre que estén dadas de alta en la actividad correspondiente a la inversión subvencionada.
Menor peso de la condición de PYME
Otro cambio significativo es la eliminación del criterio que otorgaba puntuación específica a las inversiones realizadas por microempresas, pequeñas y medianas empresas.
La Consejería justifica esta decisión por la necesidad de concentrar los criterios de valoración en proyectos relacionados con la modernización tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático, prioridades establecidas dentro de la política agraria europea.
Cooperativas y organizaciones de productores
También se modifica la valoración de las inversiones realizadas por cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación y organizaciones de productores.
En estos casos se tendrá en cuenta el número de productores directamente afectados por la inversión, pudiendo obtenerse hasta tres puntos en función del número de asociados beneficiados por el proyecto.
La norma introduce además cambios en la documentación necesaria para acreditar algunos de estos criterios, con la intención declarada de simplificar procedimientos administrativos y facilitar la gestión de las ayudas.
Un impulso a la transformación agroalimentaria canaria
La modificación del PEPAC refuerza así el peso de las inversiones que aporten valor añadido al producto local y que estén relacionadas con figuras de calidad diferenciada, sostenibilidad, seguridad alimentaria y empleo estable.
Para el sector vitivinícola canario, la nueva valoración de las instalaciones inscritas en Denominaciones de Origen Protegidas supone uno de los aspectos más destacados, ya que puede mejorar la posición de las bodegas acogidas a estas figuras de calidad cuando concurran a futuras convocatorias de ayudas para inversiones.
La nueva regulación entró en vigor el 15 de septiembre de 2026, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Consultar la Orden completa en el Boletín Oficial de Canarias
